En
la ficción analítica que he puesto en funcionamiento en las últimas entregas,
las nociones de funcionariato, consultoría y ciudadanía delegada remiten a la
verificación de manejo de un gran
espacio de inversión que tiene a las
poblaciones vulnerables como objeto de
explotación. Al menos, esto viene a
constituir una cartera de especulaciones donde el funcionariato doblega a las
consultoras mediante la censura blanda de la amenaza de inhabilitación, y estás
últimas despojan la representación social mediante la exhibición ostentatoria
de unas habilidades de manejo que jamás estarán en posesión de la ciudadanía
delegada.
Aquí,
sin embargo, se reconoce la existencia de una excepción que denominaré ciudadanía no-delegable, formada por una
unidad de acción reducida que se mantiene en la pureza de una “posiciones
originales”, cuya fuerza no depende de si mismas, sino de la persistencia de su
repetición en espacios en los que se sabe que la insistencia dogmática de
dichos principios está sostenida por una fuerza de repetición compulsiva que
legitima sus propias acciones. De lo contrario no tendría fuerza la extorsión
simbólica que suelen levantar habitualmente
como amenaza.
¿Y
cual es la peor amenaza que debe afrontar el funcionariato, sobre todo en
Cultura? La peor amenaza -digámoslo- es
el efecto des/estabilizador que produce el ruido mediático alentado por
el discurso de esta unidad de representación no-delegable. En lenguaje
corriente se las denomina “agrupaciones”. En la palabra asociada aparecen como
sujetos de grumo verbal incontinente.
Ahora
bien: el ruido mediático es un efecto de la complicidad resultante con el
personal de periodistas locales, que al padecer la represión directa del capitalismo medial local -pregúntense
como les fue en la última huelga-, se recuperan indirectamente haciendo de portavoces implícitos de estas
unidades de extorsión minoritaria, porque a través de ellas cumplen el deseo
punitivo que proyectan contra un funcionariato que (también) los ha abandonado.
La
fuerza ofensiva de los ciudadanos de representación no-delegable se sostiene
además, gracias al auxilio moral y no
menos invisibilizado de juristas y profesionales del patrimonio, que por los flancos
del funcionariato desarrollan -en
provecho propio- una soterrada guerra de desgaste, con relativos logros en la
distribución local de (en)cargos.
Esta
fuerza auxiliar mantiene la esperanza de
los no-garantizados mediante asesorías permanentes, que se traducen por lo
general en recursos de protección ante tribunales o en la redacción de
estatutos para asegurar cupos, entre otras prestaciones, destinadas a mantener-en-forma una “odiosidad de crucero”.
El
manejo de la odiosidad de los “otros” -por
parte de la fuerza auxiliar- se hace desde
una determinación arcaica cuyo
rastro semántico se vincula
con una ontología
social-cristiana perdida, cuyas históricas demandas sociales solo
conocemos mediante el eco proyectado
por la voz delegada de los grupos de no-garantizados. La diferencia
entre esta fuerza y el funcionariato de origen tribal reside en que éste último
no delega su manejo de odiosidad, sino que lo ejerce por si mismo, haciendo
evidente la voracidad propia de quienes no habiendo conquistado nada todavía,
en términos de “obra civil”, ahora les toca. A la fuerza auxiliar no
le ha tocado suficiente, pero algo.
Entre
funcionariato, consultoría, ciudadanía delegada, grupos no-garantizados y su
fuerza auxiliar correspondiente, no le queda a “otras comunidades” margen
alguno para negociar, más que ponerse a la cola en el mercado local de las mitigaciones.
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