FUNCIONARIATO, CONSULTORÍA, CIUDADANÍA DELEGADA Y FUERZA AUXILIAR

En la ficción analítica que he puesto en funcionamiento en las últimas entregas, las nociones de funcionariato, consultoría y ciudadanía delegada remiten a la verificación de manejo de  un gran espacio de inversión  que tiene a las poblaciones   vulnerables como objeto de explotación.  Al menos, esto viene a constituir una cartera de especulaciones donde el funcionariato doblega a las consultoras mediante la censura blanda de la amenaza de inhabilitación, y estás últimas despojan la representación social mediante la exhibición ostentatoria de unas habilidades de manejo que jamás estarán en posesión de la ciudadanía delegada.

Aquí, sin embargo, se reconoce la existencia de una excepción que denominaré ciudadanía no-delegable, formada por una unidad de acción reducida que se mantiene en la pureza de una “posiciones originales”, cuya fuerza no depende de si mismas, sino de la persistencia de su repetición en espacios en los que se sabe que la insistencia dogmática de dichos principios está sostenida por una fuerza de repetición compulsiva que legitima sus propias acciones. De lo contrario no tendría fuerza la extorsión simbólica que suelen levantar habitualmente  como amenaza.

¿Y cual es la peor amenaza que debe afrontar el funcionariato, sobre todo en Cultura? La peor amenaza -digámoslo- es  el efecto des/estabilizador que produce el ruido mediático alentado por el discurso de esta unidad de representación no-delegable. En lenguaje corriente se las denomina “agrupaciones”. En la palabra asociada aparecen como sujetos de grumo verbal incontinente.

Ahora bien: el ruido mediático es un efecto de la complicidad resultante con el personal de periodistas locales, que al padecer la represión directa  del capitalismo medial local -pregúntense como les fue en la última huelga-, se recuperan indirectamente  haciendo de portavoces implícitos de estas unidades de extorsión minoritaria, porque a través de ellas cumplen el deseo punitivo que proyectan contra un funcionariato que (también) los ha abandonado.

La fuerza ofensiva de los ciudadanos de representación no-delegable se sostiene además, gracias al auxilio  moral y no menos invisibilizado de juristas y profesionales del patrimonio, que por los  flancos  del funcionariato desarrollan  -en provecho propio- una soterrada guerra de desgaste, con relativos logros en la distribución local de (en)cargos.  

Esta fuerza auxiliar  mantiene la esperanza de los no-garantizados mediante asesorías permanentes, que se traducen por lo general en recursos de protección ante tribunales o en la redacción de estatutos para asegurar cupos, entre otras prestaciones,  destinadas a mantener-en-forma una “odiosidad de crucero”.

El manejo de la odiosidad de los “otros”  -por parte de la fuerza auxiliar- se hace desde  una determinación arcaica  cuyo rastro semántico  se  vincula  con una ontología  social-cristiana perdida, cuyas históricas demandas sociales  solo  conocemos mediante el eco proyectado  por la voz delegada de los grupos de no-garantizados. La diferencia entre esta fuerza y el funcionariato de origen tribal reside en que éste último no delega su manejo de odiosidad, sino que lo ejerce por si mismo, haciendo evidente la voracidad propia de quienes no habiendo conquistado nada todavía, en términos de “obra civil”,   ahora les toca. A la fuerza auxiliar no le ha tocado suficiente, pero algo.

Entre funcionariato, consultoría, ciudadanía delegada, grupos no-garantizados y su fuerza auxiliar correspondiente, no le queda a “otras comunidades” margen alguno para negociar, más que ponerse a la cola en el mercado local de las mitigaciones.

FUNCIONARIATO (4)

El último párrafo de FUNCIONARIATO (3), leído con atención, hará sospechar sobre el alcance de (toda) nuestra candidez analítica, ya que haría  admitisible la inevitable articulación entre Estado y ciudadanía para detectar las brechas en la calidad urbana. Debo confesar que este párrafo solo pretendía dejar una hilacha colgando para poder proseguir con el estudio sobre ese deseo de  articulación declarada como una gran conquista ciudadana.

Veamos: cuando los ciudadanos se dedican a detectar las brechas es porque le están haciendo “la pega” al Estado. Si el Estado acepta articular una política concertada de detección de brechas, entonces acepta que no cumple con su obligación y pueden sus funcionarios ser encausados por incumplimiento de deberes.

Articular significa renunciar de parte de los ciudadanos, a exigir sus derechos. Lo que viene es un tipo de delegación en que los ciudadanos deben dar muestras de gran razonabilidad para acoger un plan de disminución de las brechas en la calidad urbana, porque de lo contrario quedan fuera de toda posibilidad de “convenio”. De este modo, todo deseo de articulación es un momento inicial de una subordinación pactada en que el ciudadano solo es reconocible por el grado de amenaza que puede representar; amenaza que solo tiene como destino  lograr un asiento en la mesa de articulación, para entrar a conversar de otro modo, pero entregando parte de la soberanía  que le fuera reconocida para llegar hasta allí.

La articulación es un momento de pacto desigual, en que el funcionariato admite que carece de un quantum  de habilidad para ejercer sus facultades y que se encuentra en la obligación de recurrir a los ciudadanos para suplir dicha falta, a condición de desnaturalizar sus iniciativas iniciales. Bueno, en eso consiste su trabajo. El funcionariato se inventa los ciudadanos a la medida de un diseño que ya ha sido contemplado en la base de su diagrama accional.

¿Que le queda al ciudadano? Admitir, de su parte, la impostura positiva de su amenaza inicial para ingresar en el terreno de una delegación que asegura una presencia “duradera”. Sin embargo, eso dependerá de cuan pueda montar dispositivos de sustitución de su soberanía inicial,  para pasar a organizar las demandas y fijar los términos que los hará traicionar, necesariamente, el “mandato arcaico” que  inicialmente lo señalaba como portavoz orgánico de una energía social gestada en ese proceso de detección de las brechas en la calidad urbana.

Pues bien: sin una consultora, el ciudadano permanece en la literalidad de la demanda. Es que si hemos señalado la existencia del funcionariato como figura de la voracidad estatal, la consultora aparece como  el nuevo espacio epistemológico que se levanta para establecer la (mencionada) correspondencia. Epistemológico, porque se trata de producir el concepto de ciudadano que resuma la conveniencia de su propia tolerancia discursiva, como consultora.

Una consultora es un espacio de contención y de modulación de la conflictividad mediante la organización del desplazamiento técnico de la detección de las brechas y de su conversión en planes de acción (mitigación; mejoramiento). 

Al final, cuando hablamos de ciudadanía y de Estado, estamos hablando de “abstracciones”, sobre todo en lo que a calidad urbana se refiere; cuando lo propio es encarar la articulación desde la retórica de sus representantes: consultorías y funcionariato, como los dos polos de una construcción discursiva en que el ciudadano termina siendo aquel por el que siempre se habla. 

Y el ciudadano, por su lado, creyendo primero que  era su habla la que prevalecía, en un segundo momento debe caer en  cuenta que su propio reconocimiento depende de cuanto pueda ser hablado por la entidad que hace de su trabajo la promoción de la articulación contemplada en el enunciado inicial. La consultora, entonces, aparece en el momento de la formalización de los indicios de la brecha, para tercerizar las áreas deficitarias de conocimiento que arrastran  los Departamentos de Estudios del funcionariato y compensar organizacionalmente al ciudadano despojado, enseñándole  cómo puede eficazmente  producir el diferimiento de sus luchas.

Es de esta manera  como se imagina, se organiza y se controla el territorio.      

CIUDAD PENDIENTE

El jueves pasado, almorzando en Dinamarca399, Gonzalo Undurraga me hizo un relato que me obligó a postergar la publicación de FUNCIONARIATO (4), destinado a abordar la cuestión de la articulación entre Estado y ciudadanía, en vistas a detectar las brechas en la calidad urbana. El jueves anterior, en la sesión de Ciudad Pendiente, se había armado una tensa discusión entre invitados extranjeros y operadores locales de la arquitectura universitaria. Por motivos de salud, no pude asistir a dicho debate. Pero ya me había adelantado a prefigurar lo que debía venir; a saber, el efecto de demostración que la visita de los colombianos ya ha instalado en la ciudad en lo relativo a la voluntad faltante que habilita  la política de normalización del uso del suelo. 

Hay que tener en cuenta que el objeto de dicho encuentro era compartir algunas ideas  sobre estrategias de mejoramiento de asentamientos informales. En el entendido, por cierto, que tanto la acreditación de dominio como la formalidad que autoriza la participación ciudadana mediante el acceso a subsidio, son el reverso necesario de la articulación entre Estado y ciudadanía. 

Gonzalo Undurraga me advierte que hay a lo menos tres dominios en los que las agencias (consultoras, oficinas de arquitectura, dirección de obras, constructoras, etc) están operando cada una por su cuenta: la calle, el equipamiento y la conectividad.  Estos tres dominios implican funciones diferenciadas con sus correspondientes escalas de inversión, buscando cada cual, en la esfera de lo propio, la atribución de proyectos cuya ejecución  finalmente los excluye. Sin embargo, existen momentos en que los dominios de las calle y del equipamiento -por ejemplo- se conectan a raíz de situaciones impensadas, que se definen en el territorio mismo, en espacios  generados fuera de formalidad del municipio o de la delegación presidencial, pero que al final de cuentas, les proporciona a sus funcionarios un tipo de  nueva visibilidad sobre cuestiones inadvertidas que, combinadas con ciertos niveles de escucha, pueden  dar lugar a conocimientos que sostienen o pudieran sostener otros niveles de articulación. 

Lo anterior tiene que ver con la producción de un  imaginario suplementario que da sentido al trabajo en el territorio, porque obliga a los habitantes a operar desde el deseo de paisaje. Entonces, en esta situación, no es el territorio el que precede al trabajo de recomposición del tejido social, sino que es la lógica deseante de este mismo  que define las condiciones del territorio sobre el que la energía social va a ser inscrita como voluntad y como poder.  

Una buena explicación de este fenómeno de producción subjetiva anticipativa la obtuve al día siguiente de mi almuerzo en Dinamarca399, cuando asistí a la comida a la que Guy Berube invitó a parte del equipo del PCdV, a propósito de la residencia artística, cuyo resultado se inaugura el próximo 19 de noviembre. Guy Berube es el director de la galería de arte La petite mort, basada en Toronto (Canadá). Nos visitó el año pasado y desde ese entonces comenzamos a preparar esta residencia, que compromete a un escritor  canadiense (Adam Barbu) y a un fotógrafo de Valparaíso (Alexis Mandujano). 

El punto es que Guy Berube es  nacido en el Canadá francés (Quebec). De inmediato convinimos en combinar nuestros “recuerdos de infancia” y nos remitimos al efecto de la canción quebequoise en la construcción del imaginario independentista. Uno de sus principales exponente, Gilles Vigneault, en un concierto en Paris, por el año 1977 o 1978, señaló al dirigirse a los asistentes algo que sonó como sigue: nous avons un territoire, mais nous n´avons pas un pays. Es decir: tenemos un territorio, pero nos falta un país. Entonces, le pays est ce qui nous noue. El país es aquello que nos amarra.  Patricio Marchant, en Sobre árboles y madres: “madre es aquello a lo que uno se amarra”.  Y terminaba, Gilles Vigneault su canción, diciendo, voilà le pays que j´aime. He aquí el país que yo amo, ¡como potencia!, ¡como posibilidad!, amarrando el sentido que puede tener el territorio como superficie de inscripción paisageante. 

Cuando Gonzalo Undurraga me plantea la necesidad de articular los dominios de la calle, del equipamiento y de la conectividad, está apuntando a la afirmación instituyente del paisaje. 

Hay que paisajear.  Hay que producir este suplemento imaginario que modula las escalas de representación  de lo sensible, sobre la ciudad que se elabora en la pendiente (oblicuidad), como pendiente (arriba/abajo)  y cuya configuración  sigue pendiente (en términos de la falta no colmada). 

La duda se instala en ese lugar en que se define la articulación entre Estado y ciudadanía, como si el primero dispusiera la virtù del territorio y la segunda sostuviera la fortuna del paisaje. 

FUNCIONARIATO (3)

Preparando mi intervención en Talca, debo asegurarme que los estudiantes tengan acceso a las condiciones de producción del título de la conferencia. En las dos entregas anteriores relativas al concepto práctico de funcionariato, sin embargo no he clarificado las cosas en torno al concepto-fetiche. 

Para resolver esta cuestión me he apoyado en uno de los capítulos del libro del historiador de arte peruano, Juan Acha, Hacia una teoría americana del arte. Se verá de qué manera desde la crítica de arte podemos levantar algunas hipótesis sobre cuestiones territoriales, porque a fin de cuentas, nuestro trabajo en la dirección de un parque cultural complejo nos obliga a precisar el modo cómo el imaginario produce territorialidad. 

La palabra fetiche proviene del portugués “feitiço”, que quiere decir hechizo. En su acción clásica es siempre un objeto material. Pero el fetiche no es cualquier objeto, sino que su particularidad reside en que se le atribuye una fuerza mágica. 

Relativo al concepto de “política pública”, este es un concepto-fetiche cuya fuerza mágica posee dos orígenes: a) es un simple concepto que de por sí carece de poder y que llega a tenerlo en virtud de una transferencia que le hace un hechicero; b) es un simple concepto práctico al que se considera ya depositario de un cierto poder. 

El hechicero no es, necesariamente, una persona individual, sino un complejo (de) funcionarios que asume el rol de operador colectivo de transferencia,  mediante un ritual de delegación de poderes, en que se juega -ni más ni menos- que el poder de la delegación. 

Un ministerio, por ejemplo, es un complejo de nociones cuya operatividad adquiere una cierta independencia y trasciende la existencia de los individuos; al punto que podemos considerar la hipótesis por la cual, en un ministerio-en-forma, no se requiere de ministro alguno, porque la institución funciona a pesar suyo, más allá de sí. La pragmática ministerial es el verdadero autor de la política; es decir, la tradición de una decretalidad que se manifiesta en las prácticas habituales de cumplimiento.

Política pública es un concepto-fetiche porque le ha sido atribuido un poder de designación de problemas que definen las condiciones de reproducción de aquellos agentes que administran su designación, a través del rito de delegación mencionado, que no hace otra cosa que encubrir la evidencia por la que podemos entender que el poder nunca está en el lugar que le suponemos residir. 

En el caso del territorio esta noción aparece como el encubrimiento de un tipo de construcción social que le fija de antemano a los actores sociales unos roles en la interpretación y calificación de una realidad local. Para su mejor delegación, hay funcionarios expertos en planificación (autoritaria) que asocian el concepto de territorio al concepto de campo social. No sé si le hacen un favor a Bourdieu, pero lo convocan con religiosa exactitud, al igual que a Touraine, pero por otros motivos. El primero les serviría para legitimar el diagnóstico, mientras el segundo habilita la gobernabilidad. 

De este modo, los territorios son campos donde operan los funcionarios premunidos de un mandato que debe ser ejecutado por unos “sujetos” que solo reciben el rol de agentes de recepción, sobre todo en ministerios como el de vivienda, que se ha especializado en la producción de una franja de ciudadanos de conveniencia,  que serán objeto del hechizo que el funcionario-chamán les va a traspasar para   la obtención de unas demandas. 

Por ejemplo, algunas de estas demandas corresponde al acceso a la vivienda. Pero el acceso está vinculado a desplazamientos migratorios que han re/dibujado el mapa de la segregación, de tal manera que su noción está signada por una insatisfacción que debe ser, en lo posible, mitigada, para impedir la progresión del deterioro. 

En el Parque Cultural  de Valparaíso fueron funcionarios del Estado quienes promovieron, en un inicio, la “ocupación ciudadana” del predio de la cárcel recién des/afectada, para combatir con medios auxiliares la tugurización inevitable y poder así poner coto a la voracidad de otros funcionarios, que buscaban enajenar rápidamente el mismo predio, para destinarlo a un propósito inmobiliario.  

Confieso en que la palabra Integración, empleada a mediados de los sesenta, al menos correspondía al deseo subjetivo de integrarse por mérito y esfuerzo propio; en cambio, la palabra Acceso remite a las posibilidades formales que el funcionariato le proporciona a un sujeto para obtener determinados bienes. No hay estrategia de lucha, sino  práctica del don.  (Ciertamente, los encargados de cultura debieran leer a Marcel Mauss. Me pregunto si en la biblioteca de Quilpué sus obras están en el catálogo).   En definitiva, no hay deseo de transformación de las cosas, sino solo mejoramiento. Eso quiere decir, mitigar la insatisfacción y la carencia de elementos de integración. 

La promoción popular que caracterizó el momento ascendente de la historia de los pobladores, se revirtió durante la dictadura mediante una política de vivienda social que favoreció la re-ubicación segregada.  La transición democrática permitió que  estas “políticas de vivienda” fuesen re-elaboradas, de una manera a lo menos paradojal; es decir, manteniendo al Estado lejos de la planificación urbana (paz-froimovichizando su gestión pública) y liberando el mercado del suelo. 

La conclusión resulta evidente y está al alcance de cualquier estudiante que lea los informes y diagnósticos de cualquier ONG dedicada al trabajo territorial. La creciente importancia del mercado inmobiliario en las decisiones sobre la composición social, calidad, escala y localización  de los nuevos conjuntos de vivienda ha producido ciudades cada vez más segregadas,  modificando el mapa  de oportunidades cada vez más desiguales para sus habitantes. 

¿Cuantos recursos se han invertido en investigaciones que nos conducen a una sola conclusión? Que las políticas públicas en el territorio no han logrado que el Estado tenga un rol decisivo en la planificación urbana, y tampoco han limitado la importancia del mercado inmobiliario. Estas dos verdades de perogrullo apuntan a entender que la política pública, más bien, contribuye a reproducir y a profundizar las diferencias entre los territorios. 

Todo lo anterior proviene de unos apuntes que tomé del Diagnóstico sociourbano territorio 5 Talca, de marzo-agosto del 2014, realizado por el programa Territorio y Acción Colectiva. Con mayor pertinencia que la mía, ellos llegaron a la siguiente conclusión: 

“Es por todo esto que se requiere que la ciudadanía y el Estado trabajen articulados, detectando las brechas en la calidad urbana y desarrollando planes de trabajo conjuntos para disminuirlos”. 

FUNCIONARIATO (2)

El desafío planteado en la entrega anterior puede ser resumido en la juntura insidiosa de esas cinco palabras: deseos-de-control-de-superficie. Para definir el objeto de mi reflexión, acudiré a un artículo escrito por la arquitecta Andrea Pino y que fue publicado en la revista Márgenes (Espacio Arte Sociedad) No 13, editada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, en diciembre del 2013. Entonces, las cinco palabras se someten a la presión de una existencia barrial que trabaja sobre estrategias informales que se sustraen al control de superficie y que instalan modalidades edificatorias que exceden el deseo-de-casa, para forjar un universo en que la proximidad de lo público/privado (abigarramiento) para a configurar una forma de existencia determinada. Informalidad que, por lo demás, adquiere unos grados de “oficiocidad” por medio de la que se produce la legitimidad de una soberanización sobre el territorio. Los funcionarios saben que la soberanización es una dimensión simbólica que deben demoler, partiendo por minar las bases de la solidarización mínima de la vida cotidiana. De este modo, el control de los funcionarios se revierte en “política sectorial” de excepción, que debe ser acompañada de otras medidas, con otros recursos, poniendo en función un amplio menú de control de conflictividades a través de mesas de trabajo y mesas de diálogo, que son de naturaleza distinta.

La mesa de trabajo identifica los problemas que no aparecen en los diagnósticos y focalizan a los dirigentes amigos, susceptibles de encarnar la normalidad progresiva de los procesos de distribución diferida del maná. La mesa de diálogo ya es la “instancia” propiamente decisiva, en el curso de la cual, los discursos de agentes conflictuados son llevados al extremo de la extenuación, para finalmente reducir toda oposición, dividir el frente y lograr los acuerdos mediante una efectiva producción de simulacro de participación ciudadana. Es decir, el concepto de participación ciudadana es la gran invención del funcionariato, que sabe perfectamente invertir en subsidiaridad proclamando el simulacro de la escucha. De modo que el simulacro del que hablo se juega en la construcción de una escucha que devuelve el eco modulado de la voz de las demandas.

El funcionariato así definido opera mediante la herramienta de la mesa como un modelo de anticipación del control territorial. La mesa aparece como el recurso mobiliario que convence a todos los demandantes de estar en posición de ser receptores de un tipo de diseminación evangélica, propiamente eucarística. No hay que olvidar que el MINVU es una invención demócrata-cristiana y que su estructura reproduce una sabiduría parroquial ancestral, que adquirió formas modernas que instalaron una nueva racionalidad en el manejo de sectores marginales que debían ser integrados al consumo de bienes de la sociedad real. Bueno: la sociedad real era definida por una política-episcopal, que a su vez producía los términos de gradación y velocidad de los procesos reparatorios, que dieron forma a la Promoción Popular.

Lo que Andrea Pino hace en este estudio al que me refiero es seguir al pie de la letra los deseos de quienes rompieron la lógica definida por los “operadores de acceso” y que fueron agentes de un proceso de ocupación informal de unas quebradas que no entraban en los planes del ministerio de entonces, ni de ningún ministerio.

Hagamos una broma: los ministerios siempre piensan en el plano; necesitan pensar en plano. Entonces, lo primero es aplanar todo lo que tenga relieve. Claro que sí.

Después de la Catástrofe de Abril, el inconsciente de la Delegación Presidencial operó como si todo lo siniestrado hubiese sido una gran toma. Es decir, que debía “dar a ver”

que su intervención normalizadora tenía que afectar la recomposición del territorio, entendido como expresión de una informalidad generalizada, que si bien había adquirido indicios de soberanización, debía sin embargo ser convertida en una oportunidad para limpiar las laderas y fondos de quebrada de población declarada indeseable.

Sin embargo, esto solo adquiere eficacia argumentativa en la medida que la ciudad entera, en los cerros, es concebida funcionariamente como efecto de toma y que el nuevo mandato de la Jefa habilita la “ejecución presupuestaria” de una contraparte regulada -como tiene que ser- para servir de soporte contextual a la ofensiva inmobiliaria destinada a reconfigurar la ciudad como un barrio santiaguino que reproduciría sus propias condiciones de segregación, ya que estaría especializado en turismo nacional de movilidad relativa (destinado al consumo clase-mediano) y sería un lugar de residencialización secundaria para Altos Empleados cuya estética no es admitida, a estas alturas, en los ghettos de Cachagua y Tunquén. Es decir, población reducida con recursos, pero sub-alternizada (llegó tarde a la distribución simbólica del Poder), a la que se debe compensar con una oferta cultural que involucre inversiones en la industria del regreso a los orígenes.

Lograr esta regulación supone borrar toda traza de informalidad en la historia de las representaciones urbanas de Valparaíso, en provecho de la alta formalidad de una museografía que fija condiciones de para una escena de representación en que la pobreza deba estar presente, pero dimensionada por una industria de la exotización adecuada.

Se comprenderá que toda la historia de la urbanización informal de Valparaíso debe ser anatemizada para desterrar la ruralidad referencial, a condición de que ésta sea convertida en objeto de emprendimientos reguladores en el terreno de la gastronomía y de las yerbas medicinales, pero de exportación.

Para favorecer, entonces, la preeminencia escenográfica de unos cerros que servirán siempre de referencia (como subordinación estética de una ideología edificatoria de procedencia mayoritariamente británica), es preciso aniquilar mediante una des- ruralización acelerada toda historia de asentamiento informal, para dotar de un paisaje urbano adecuado a las nuevas edificaciones erigidas como unos monumentos identitarios de Altos Funcionarios del Sector Público y del Tercer Sector, que lo han logrado.


¿No les parece una broma de mal gusto? Todo se juega en un plano de verosimilitud aberrante. 

FUNCIONARIATO

He sido invitado a exponer a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca sobre políticas públicas y territorio. Cuando escuché el título no pude dejar de pensar en la Delegación Presidencial para la Reconstrucción como síntoma de una política pública sometida a ciertas condiciones de excepción. La política pública es un conglomerado de intereses tribales que operan en una repartición determinada del Estado. Por ejemplo, en Cultura, política pública es aquello que determina la casta de funcionarios históricos que han definido la auto-regulación de su propia presencia en el aparato del Estado, trasladándose de repartición en repartición, como peones intercambiables en el flujo de una administración de recursos estatales, que de paso, satisfacen sus pequeños rencores de casta.   

Política pública designa entonces una planilla que mantener bajo condiciones de autoritarismo blando, no menos vergonzoso en su expresión y no menos patético en las imposturas que debe montar para justificar su existencia como administrador de recursos en provecho propio, pero a nombre de un colectivo que dice representar, habiendo accedido a un estatuto que los convierte en agentes de manejo de la vulnerabilidad de los otros.  Al final, no obedecen a una política efectiva sino al programa de reivindicación de la tribu a la que le deben el cargo. 

Conociendo de sobra los efectos de la política local de los agentes a los que me refiero y siendo objeto de la extrema voracidad de un funcionariato al que no le ha tocado nada sustantivo todavía -!esta es la ocasión de ser alguien, por lo menos durante un período!- puedo sostener la hipótesis de que política pública es un concepto fetiche, que es empleado para encubrir las condiciones de su propia instalación en el erario, aunque bajo la amenaza del interés colectivo representado por el agente tribal que corresponde.

Si hay algo que estos agentes temen es la ejecución del control ciudadano; de modo que todo su ingenio estará orientado a montar ficciones de participación con visos explícitos de un tipo de co-gestión encubridora que construye la posibilidad de diferir constantemente las demandas, para reconsiderarlas discursivamente como  lugares simbólicos de reparación compensada, que incluye sus propias condiciones de progresión y de conquistas de promociones verosímiles. 

Lo cierto es no hay territorio sin control del territorio. El territorio, digámoslo así, está fabricado para ser controlado. La géographie, ça sert d´abord à faire la guerre. Y no podía caber mejor que releer de inmediato bajo la presión de este nuevo cometido -la conferencia-,  el compilado que los catedráticos Quim Bonastra (Universidad de Lleida) y Gerard Jori (Universitat de Barcelona) editaron bajo el título Imaginar, organizar y controlar el territorio (Una visión geográfica de la construcción del Estado-nación). Es decir, la gran teoría tenía que ser embestida por la teoría menor de las guerras por el control de los mecanismos de control. En el caso de Valparaíso, esto podía adquirir el valor de un desplazamiento significativo, consistente en una visión topográfica de la destrucción del Estado-Región a manos de su propia clase política local, con parlamentarios totémicos incluidos. 

Lo que me veo forzado a abordar, en esta hipótesis, es de qué manera se articula una mención de referencia tribal con una punción que apela a un estado determinado de desarrollo de las ciencias sociales locales, en su afección universitaria recompuesta luego de la redistribución simbólica de los despojos de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile. Ya  he sostenido en otro texto, en una entrega anterior,  que el espíritu del tribalismo sustituye la retórica partidaria que funcionó en la “democracia anterior” y que fue destituida por el militarismo-trópico-bolchevizante de destacamentos para quienes el trabajo cultural era solo un momento de la construcción de la retaguardia activa. Solo que ni hubo retaguardia. Sino un puro declinar  de la escritura sagrada de la teoría-del-foco; o mejor dicho,  de una teoría perimida convertida en escritura sagrada para poder  satisfacer el modelo del sacrificio en la invención del territorio-libre de Neltume. 

Regresemos al tribalismo: éste resume la nueva concepción de la política local, funcionando como un dispositivo de prohibiciones y obligaciones que sellan pactos de ayuda mutua por generaciones enteras y que, estas si, operan como la teoría-del-foco, pero que se ha desfocalizado para representar a agentes que desde pequeñas ciudades del interior organizan el asalto del gobierno regional, que se asienta en la gran ciudad referencial. Siempre existe un interior de región que acumula el rencor necesario para organizar el acoso del gran edificio,  convirtiendo la realidad  en el eco de unas voces que claman por sus intereses en los pasillos del edificio de alguna Intendencia. Lo realmente curioso es que terminan por llamar trabajo territorial a la estrategia de ocupación de oficinas, mueble por mueble. 

Nuestros catedráticos ya mencionados son gente seria que se sorprendería, sin duda,  de este hecho singular en el que una política pública, en el espacio local, es nada más que un programa de consolidación tribal  de configuración del territorio, que se va a encontrar con un competidor  que no había sido pensado: el delegado presidencial. 

Si el gobierno central designa un delegado local es porque no confía en las aptitudes de quien tiene la potestad política regional; a saber, el Intendente. Más aún, si este delegado proviene de la estructura “de Vivienda”, porque lo que lo sostiene son más de cuarenta años de especulación sobre el territorio. En cambio, un Intendente carece de estructura de apego ministerial y debe recurrir al elemento tribal de su comunidad de referencia política más cercana. 

La gran ventaja de un delegado presidencial es que responde directamente a la Jefa. Y por eso posee no solo cuarenta años de historia decretal sobre las delimitaciones del territorio, sino que dispone de una cartera de subsidios que operan como signo de intercambio efectivo a la hora de reconfigurar los deseos-de-control-de-superficie luego de la Catástrofe de abril. 

En definitiva, en lo que a territorio se refiere, todo se juega en la modulación del deseo-de -control-de-superficie. Por eso, lo peor que pudo haber ocurrido luego de la Catástrofe de abril fue la visita de los colombianos, porque su presencia puso en flagrante evidencia la imposibilidad de transformar las condiciones de la gobernanza urbana de esta ciudad, no solo porque se carece de voluntad política, sino porque quienes tienen la voluntad carecen de política y quienes controlan la política no tienen otras voluntad que reproducir sus propias condiciones de sobrevivencia en el aparato.  

DOS COREOGRAFIAS

El 18 de octubre tuvo lugar en el teatro del PCdV la apertura del 13º Festival Danzalborde. A una compañía británica le cupo la responsabilidad de abrir esta versión.  En el año de apertura del PCdV, fue su director quien vino  a realizar una residencia. Esta vez, en el tercer aniversario del Parque, Theo Clinkard vino a montar un trabajo como quien viene a demostrar los términos de una complicidad formal que nació en Valparaíso.

En la gran caja negra del teatro del Parque, cuya extensión fue especialmente concebida para acoger proyectos experimentales, seis bailarines ejercían el derecho a recuperar la memoria perdida de unos gestos que pertenecen al activo de la gente común, y que solo se hacen visibles en momentos de pánico blando. Un piano y una pianista instalan la vigencia ominosa de los recuerdos de infancia, devolviendo a la narración corporal el olvido referencial de la bailarina que gira sobre la tapa de una caja de música. Pero las menciones a Bach y a Scarlatti señalan los límites de la danza de corte, sometidas a la presión vindicativa y satirizante de una existencia plebeya que recupera para si el activo residual del   gesto oligarca.  La composición original de Alan Stones distribuye falsas pistas para promover el encuentro impostado de tales ejercicios, sin dejar de combinar los flujos y reflujos de movimientos que denotan una gran indisposición muscular.

Tres hombres y tres mujeres deponen sus defensas y son sometidos  al violento efecto de turbulencias que desaniman los sentidos y ponen en riesgo la estabilidad de los cuerpos. Bajo una luz tamizada que anula las sombras, los bailarines parecen cautivos que acaban de liberarse de sus cadenas en el fondo narrativo de la caverna platónica; la coreografía se convierten, entonces, en una experiencia de renuncia al simulacro de la representación, poniendo el cuerpo en la primera línea del riesgo psíquico.

Esta obra fue concebida por Théo Clinkard luego de la muerte de su madre. De algún modo, está modulada por el trabajo del duelo, como condición de recuperación de una memoria corporal primaria. Por esta razón, en la discontinua marcación de gestos  significados en la frontera de la hostilidad y de la hospitalidad, la amable desdicha  del deseo de casa está descrita por la arriesgada presencia de un peluche-animado de grandes dimensiones que  indica la función reparatoria de un objeto transicional. 

Donde no hubo reparación alguna, en cambio, fue en la función del día sábado 19 de octubre, a cargo de Christina Ciupke y Nik Haffner, que montaron Kannst du mich umdrehen, que se puede traducir como “¿Me puedes dar vuelta?”.

Aquí si que había muy pocas concesiones al público. Y ese es uno de los propósitos de la experimentalidad. Que dicho sea de paso, también es relativa, porque lo experimental se dice en muchos casos en función de la calidad de información y de formación de los públicos. La producción coreográfica, tal como lo ha entendido danzalborde y gran parte de las compañías locales, no están para tener una “clientela” de espectáculo, ni tampoco para “formar audiencias”, sino para proporcionar elementos de avance y aceleración analítica que hacen disparar conexiones “ya sabidas” del imaginario corporal.

Lo “ya sabido” tiene que ver, evidentemente, con las relaciones de poder y con el Poder de la Relación. Ha sido, emotivamente, lo más duro que el público del Parque ha podido soportar. esa es la palabra: soportar lo irremediable. Es decir, el enfrentamiento directo de dos cuerpos, mediante un decurso de infractación que define el cuerpo del otro como una obstrucción. Más que nada, que la obstrucción produce una relación táctil que se reduce al corto tiempo del impacto y a un abrazo codificado pensado para producir la ilusión de la acogida.

El enfrentamiento inicial dura a lo menos un tercio de la duración total de la obra. La exasperante repetición del mismo procedimiento no deja dudas sobre el efecto constructivo de la obstrucción; de la existencia del otro como aquella obstrucción que habilita el camino del goce de la dependencia. Es así como el segundo tercio, por medirlo de algún modo, está destinado a los avatares de los cuerpos-lapa o de los cuerpos-mochila. El primero exige la presencia de una roca de arribo y protección parasitaria, mientras el segundo plantea la dimensión del arrastre o del acarreo de un cuerpo, que pesa  el doble de su propio peso.

Es evidente que esta segunda sección se arma sobre el peso de la proximidad letal en la danza contemporánea. En general, en la danza se camina mucho para instalar las dimensiones de las distancias entre cuerpos tramados para reproducir el deseo de fugacidad. En esta coreografía, en cambio, de lo que se trata es de sacarse de encima el peso del cuerpo acarreado, que se monta sobre la espalda, pero que busca calzar en los mismos pasos del cuerpo que se esfuerza en disponer de su movimiento propio. El cuerpo-mochila impone sus condiciones obstruyendo la movilidad fina, pero mimando ese mismo esfuerzo mediante una producción de calce que instala el poder de la identificación  literal, que busca reproducir la noción de un-mismo-paso.

La tercera sección resulta ser la más desesperante, porque una vez que el imperio del mismo-paso ha sido impuesto, el deseo de cortar la dependencia se hace una tarea imposible, porque el goce del acarreo del cuerpo tiene como contraparte el impedimento programado de toda autonomía. De ahí que los brazos-mochila se tornan brazos-cadena para delimitar el circulo fatídico del autoconsumo psíquico, en el que naufraga toda buena conciencia posible. De este modo, esta coreografía instala el desánimo como política de la reparación, porque no hay destino, decididamente, más que en el goce del dominio diferido y desigualmente combinado.

Estas dos coreografías con las que abrió el 13º Festival Danzalborde modelan el público futuro y ponen la exigencia analítica en un gran nivel, porque destierran la ingenua expresividad de cuerpos concebidos como vejigas; es decir, tomémoslo con humor, cuerpos que se definen por expulsar una materia contenida, como una emoción líquida (lágrimas, semen, sangre, saliva, sudor, etc).  Estas obras definen el cuerpo como un complejo de articuladas inversiones psíquicas, como un dispositivo de agenciamientos de poder que se valida por la exhibición de consistencia de sus coyunturas. Es el universo de la flexión que habilita la  retención y no del flujo incontinente que clama por el exhibicionismo de su puesta en condición. Aquí, más bien,  todo es  matriz redoblada que establece la moción de las relaciones intersubjetivas como dispositivos de  represión sublimada.

Danzaborde pensaba programar la coreografía alemana para la apertura del festival. Sin embargo, revirtieron su decisión y presentaron, para la apertura, la obra británica, que dicho sea de paso, me pareció convencional y totalmente apropiada para una ceremonia inicial. Sin embargo,  no hay que equivocarse al pensar que la convención es peyorativa, sino necesaria para poder introducir una batería de gestos de extrema delicadeza, formulados con una pulcritud que define la actitud de danzalborde como articulador de espacios. La combinación entre convención y des-convención, a través de estas dos coreografías que dieron inicio al 13º Festival es producto de un trabajo de diseño de programación que toma en cuenta el desarrollo alcanzado en estos últimos años por el campo local de la danza contemporánea.